Comisión Bicameral (Informe Político)

Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán (1974-1983)

Informe Político

I. Antecedentes relacionados con la creación de la Comisión Bicameral


Por un proyecto de ley enviado por el señor Gobernador de la Provincia, don Fernando Pedro Riera, a la Honorable Legislatura propiciando la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los derechos humanos, nace la ley 5.599. En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaba a dicho proyecto de ley, se decía lo siguiente:

“Es deber inexcusable del Gobierno popular y democrático, posibilitar la investigación, y en su caso, el castigo de los responsables y culpables, de los excesos cometidos so pretexto de la represión del terrorismo y la subversión. Todos los sectores políticos y el pueblo lo reclaman, y el Gobierno, surgido de la voluntad soberana del pueblo, debe ser sensible a tales reclamos de justicia, posibilitando que sean los representantes del pueblo, los que tengan a su cargo reunir todos los elementos, para que la Justicia, como órgano natural del Estado, determine los casos de delitos y violación a los derechos humanos, cometidos al margen de la ley y que deben ser reprochados por ésta y por el pueblo todo, que espera salgan a la luz todos los excesos cometidos y aparezcan los desaparecidos cuyas ausencias angustian a familiares y amigos.

“Es decisión del Poder Ejecutivo, materializar esta voluntad de investigar, a efectos del esclarecimiento de los hechos que constituyeron gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro pasado inmediato en la Provincia.

“No es una posición antojadiza o arbitraria del Poder Ejecutivo, ni mucho menos la guía de un espíritu que desnaturalizaría los propósitos del proyecto; no sigue un propósito revanchista, ni de odios, ni de persecuciones, sino el alto sentido cristiano de que la justicia cobre en mayor magnitud y establezca su señorío en uno de los temas más oscuros de los últimos tiempos de en el país.

“Dios ilumina nuestros actos y esperamos que así lo comprenda la ciudadanía.

“Para ello, y a efectos de garantizar el interés civil de toda la población, en satisfacer el esclarecimiento de los trágicos episodios en que desaparecieron gran cantidad de personas, se considera apropiado constituir una comisión bicameral, formada por diputados y senadores, directos representantes del pueblo de la Provincia, quienes se constituirán en un complemento del accionar judicial, por cuanto serán sus funciones, las de recepcionar denuncias y pruebas e investigar todo cuanto sea necesario, que pudiera estar relacionado con la comisión de delitos y/o a la desaparición de personas.

“Por ello, se le otorgan amplias facultades de investigación, a la vez que se hace obligatorio para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, dependencias y organismos autárquicos el de facilitar datos, documentos y acceso a lugares que la comisión bicameral crea necesario investigar y examinar”.


En su parte final, el mensaje del señor Gobernador manifiesta: “Por todo ello, y por resultar adecuado a su finalidad, se solicita a la comisión bicameral que una vez realizadas las investigaciones, se informe detalladamente a los efectos de ilustrar a la opinión pública”.

La creación de esta Comisión Bicameral recoge el espíritu que está contenido en parecida disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dando así cumplimiento a compromisos previamente contraídos con la ciudadanía. Esta Comisión Nacional Investigadora, integrada por personalidades políticas, religiosas, culturales, etc., y también por legisladores, está taxativamente mencionada en el proyecto de ley enviado a las Cámaras por el Poder Ejecutivo Provincial.

Celosa esta Comisión Bicameral en dar estricto cumplimiento a lo solicitado en el mensaje transcripto y al espíritu puesto de manifiesto en las distintas exposiciones de los Legisladores, de las que reproducimos algunos párrafos por cuanto los debates en su totalidad obran en el anexo correspondiente de este informe, elaboramos un pormenorizado documento con el objeto de señalar, ilustrar e informar a la opinión pública, de los orígenes y demás circunstancias motivantes de los hechos investigados.

Si este informe se hubiera constreñido a una relación estadística y meramente enumerativa de las causas investigadas, acciones realizadas, expedientes formados y elevados a la Justicia, no hubiéramos cumplido con la misión dolorosa, pero irrenunciable, que nos fuera encomendada.

A lo largo de este informe, y acatando lo determinado por la ley 5.599, no hemos emitido juicio alguno que no fuera de competencia de esta Comisión, dejando para la Justicia la calificación y el juzgamiento, conforme a derecho de las causas que le hemos remitido.

Los señores Legisladores de ambas Cámaras, en las distintas sesiones en que se trató la creación de esta Comisión, coincidieron en condenar los crímenes que pesarán “in aeternum” en la historia de nuestra patria.

Cierto es que algunos de los señores legisladores no coincidieron, por razones estrictamente jurídicas, en la creación de esta Comisión, pero también es cierto que ninguno dejó de condenar ni cuestionó la necesidad de que la verdad, respecto a las violaciones de los derechos humanos, saliera a la luz pública. En ese sentido, señor presidente, es válido afirmar taxativamente y con el mayor énfasis, que nos animó a todos el mismo espíritu.

Es así como en las citadas sesiones, los señores Legisladores vertieron los siguientes conceptos:

“... que no se debía esperar de la Comisión Bicameral, ningún accionar altisonante; que su cometido debía cumplirse de manera callada, serena, reflexiva, pero firme, tendiendo a encontrar el punto de normalidad perdido, porque no es normal que en la Argentina quien conozca un delito, tenga miedo de denunciarlo y que un Juez, con pruebas y testimonios en la mano, tuviera miedo de investigar la existencia de hechos punibles”. En otros términos, así manifestó el señor presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, doctor Miguel Enrique Nazur.

Por su parte, el señor Presidente de la bancada Radical de esa misma Cámara, Manuel Vicente Martínez, en una parte de su exposición, expresó: “... No soy un hombre de derecho, pero quizás incursione al decir que nos introducimos en lo humano, en lo más sagrado de la humanidad, que es el principio ético, que es la esencia misma de la vida. A mi despacho han concurrido hombres y mujeres a quienes he recibido en audiencia, y me han manifestado que han requerido el apoyo y el ofrecimiento de garantías, porque la actual justicia no les merece confianza y no tienen los medios ni instituciones en el ámbito de la Provincia, para poder radicar sus denuncias. Esto es muy delicado señor Presidente: lo único que he atinado a decirles, es que concurran a la comisión federal que ha creado el Poder Ejecutivo, pero me dijeron que carecen de medios. Entonces, les recomendé que en lo más íntimo de su ser guarden el secreto, hasta que en días más se puedan dar los instrumentos legales en la Provincia, para que les brindemos todas las garantías”.

El mismo señor Legislador, en otra exposición, decía lo siguiente: “... es de mucha necesidad, para brindar las garantías, las seguridades y la tranquilidad a todas aquellas personas que tienen interés y obligación humana de brindar las denuncias correspondientes. Entiendo, señor Presidente, que esta ley es de fundamental importancia que sea puesta lo más urgentemente posible en práctica, porque es una ley que va a llenar un importante vacío en el alma de muchas familias tucumanas y argentinas...”.

Siempre en la misma Cámara, el señor Presidente del bloque de Vanguardia Federal, doctor Benito Orlando Ferreira, y debatiéndose la misma cuestión, dijo: “El hombre, en su unidad cuerpo y alma, debe ser respetado en todo tiempo y lugar porque es una creación de Dios, a Su Imagen y Semejanza, y porque, precisamente por ello, los valores inherentes a la persona, están por encima y exceden el marco de cualquier especulación o circunstancia que pretenda subestimarlo. Es por ello, que la Justicia debe ser implacable con aquellos que atentaron contra la vida, ésto es, abusaron de la integridad física a través de tormentos morales, con el pretendido argumento de restaurar el orden alterado, un estilo de vida amenazado, la paz, la justicia y la democracia, olvidando que nadie puede hacer justicia por su propia mano y quitar la vida a quienes profesen ideas que no comulguen con otras ideas, que dicen representar las ideas nacionales”. No obstante estas expresiones condenatorias al terrorismo desatado desde el Estado, el señor diputado Ferreira, por un criterio estrictamente jurídico, se opuso a la formación de esta Comisión.

Por su parte, en la Cámara de Senadores, el señor Presidente de la bancada Justicialista, don Hugo Lazarte, manifestaba: “... proclamar a viva voz que el mundo se empobrece cuando un hombre muere, pero mucho más se empobrece cuando ese hombre ha muerto por designio de otro hombre. Cuando un hombre ha olvidado los Mandamientos de la Ley de Dios, cae por una pendiente que ha de llevarlo inexorablemente a la autodestrucción”.

A su vez, el señor senador don Ramón Isauro Martínez, Presidente de la bancada Radical, en una parte de su exposición, puntualizó: “El mejor homenaje que podemos rendir a todos los muertos es esta lucha fraticida, es que esta Cámara vote de inmediato este proyecto de ley, para que sancionemos lo que constituye una esperanza de justicia para un sector importante de esta Provincia”. El mismo señor Legislador, en otro párrafo de su alocución, decía: “Pero no cumpliría con un deber de conciencia si no rindiera un homenaje sentido a los miles de jóvenes que han perdido sus vidas en este mal llamado proceso de reorganización nacional”.

Señores legisladores: lo que acabamos de resumir, sólo tiene la intención de señalar la magnitud del sentimiento con el que nos hemos sentido identificados todos, en oportunidad del tratamiento del proyecto, y es por ese antecedente, precisamente, que a su responsabilidad intrínseca, esta Comisión Bicameral sumó la profunda preocupación de sus miembros, para tratar de logras satisfacer plenamente sus objetivos.

Antes de desarrollar el punto II, sin perjuicio de reconocer el valor y el coraje de quienes, a riesgo de sus vidas, denunciaron valientemente los atropellos en su oportunidad, es necesario puntualizar que muchas víctimas de la represión, familiares de desaparecidos y testigos de los hechos, se acercaron a esta Comisión, venciendo el terror que por años los paralizara. Terror inspirado porque quienes debían estar al servicio y custodia de la paz, utilizaban sus medios y sus esfuerzos para violentarla; terror inspirado porque el derecho a la vida se menospreciaba por parte de quienes eran encargados de protegerla; terror inspirado, incluso, por algunos jueces que denegaron reiteradamente recursos de habeas hábeas y que, a la vez, hicieron caso omiso de las denuncias de apremios y torturas.

Agradecemos a las personas que derrotaron el miedo y confiaron en el amparo que esta Comisión pudiera brindarles y que sistemáticamente les había sido negado por una justicia cómplice. Más adelante, en la parte pertinente de este informe, ampliaremos estos conceptos.

No fue fácil nuestra misión en el sentido de convencerlos que, por detrás de cada causa elaborada, podrían concurrir tranquilos, ya que en la Justicia los aguardaban jueces constitucionales, imbuidos de un espíritu de justicia y equidad, absolutamente distantes de aquellos otros que, sin pudor, asumen hoy la defensa de los acusados de atroces violaciones a los derechos humanos. Como lo acabamos de señalar, en la parte pertinente de este informe, ampliaremos sobre los conceptos vertidos por aquellos que, aunque sintiéndose víctimas de la represión, no reconocían que existían las garantías necesarias para formular las denuncias pertinentes.

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II. Antecedentes sobre violaciones a
los derechos humanos en nuestro país


El desgarrador proceso de violencia que los argentinos hemos sufrido en el pasado inmediato, con sus secuelas de luto, dolor y sufrimiento, ha logrado, sin embargo, y como un efecto inevitable, que los argentinos tomemos conciencia de la gravedad del fenómeno de la violencia, provenga de donde proviniere, y de la necesidad de desterrarla para siempre, alcanzando una definitiva pacificación nacional.

Para lograr este objetivo, es necesario profundizar y desentrañar las causas y el proceso de desarrollo de la violencia en nuestro país.

Resulta sensato y necesario, señor Presidente, convenir en que la violencia irracional de los años ’70, está lejos de haber surgido de un proceso de generación espontánea. Por el contrario, si recorremos las páginas de nuestra historia, veremos que en su decurrir la violencia estado siempre presente.

En homenaje a la verdad, debemos afirmar aquí que la sociedad argentina viene soportando, desde muy lejos, cruentos episodios que la sacuden con fuerza inusitada, de forma tal, que nos permite sostener que dicha violencia tiene profundas raíces históricas y siempre estuvo íntimamente ligada a los conflictos económicos, sociales y políticos del país.

Así, en apretada síntesis, está planteada desde el injusto fusilamiento de Manuel Dorrego y el arrepentimiento atormentado de Juan Lavalle, al descubrirse instrumento de intereses oscuros. Las dos décadas de violencia del gobierno de Rosas, provocada tanto por él como por sus adversarios. El asesinato de Facundo Quiroga, en Barranca Yaco, el hombre que había desbaratado el concienzudo intento unitario.

También están las batallas de Caseros, Cepeda y Pavón, como expresiones de un propósito claro de dirimir supremacías político-económicas. El resultado de esa puja expresado en políticas de gobierno, harán eclosión en la rebelión de los pueblos del interior ahogados por el hambre, con legiones de gauchos harapientos, siguiendo los perdidos planes de los últimos caudillos federales. También será terrible la respuesta del Gobierno Central al despachar el Ejército de Línea.

¡Qué trágica similitud entre los cadáveres calcinados y mutilados que dejaba en espantosa exhibición la tristemente célebre Triple A y la cabeza de Angel Peñalosa, El Chacho, clavada en una pica, allá en Olta, pudriéndose lentamente al sol para escarmiento de los eventuales revoltosos. También aquí, en Tucumán, la población contempló horrorizada durante varios días, en la Plaza Independencia, la exhibición de la cabeza de don Marco Avellaneda, asesinado por el general Manuel Oribe.

La despiadadada caza del indio durante la Campaña del Desierto, que exterminó las tribus que habitaban la pampa, cuyos frutos reclamaba el ascendente comercio exterior. Junto con el indio, va desapareciendo el gaucho, de cuyas penurias agónicas, nos da cuenta el Martín Fierro.

Más tarde vendrá el Proyecto del ’80. La opulencia de las vacas gordas y de las mieses doradas, de las febriles corridas en la “city” porteña. Vendrá la época de las mansiones señoriales a lo largo de la Avenida Alvear y el nacimiento del Barrio Norte. Todo esto constituye el reverso de la patética descripción del Bialet Massé sobre la situación de los trabajadores argentinos a comienzos de siglo.

Por ello, la ilustración iluminista de la generación de políticos e intelectuales que gobernaban el país con exquisita erudición, no sería suficiente para apagar el ansia de participación popular bloqueada por el elitismo liberal de la oligarquía. Vendrían así, las insurrecciones de 1890, 1893 y 1905, respaldadas por sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, levantamientos que constituyeron masivas protestas sociales, así como el “Grito de Alcorta” y las protestas y huelgas obreras, ahogadas en sangre y con cárceles.

Por un período históricamente breve, se encenderá la luz de la esperanza con las figuras de dos excelsos valores, quienes, sin discusión alguna, fueron extraordinarios políticos, a los que la nacionalidad tanto les debe: nos referimos a don Leandro N. Alem y a don Hipólito Yrigoyen, ambos maestros del civismo y ardientes servidores de la patria.

Refiriéndose a las largas luchas ciudadanas, por arrancarle al régimen elecciones libres y la real vigencia de la democracia, decía uno de estos dos adalides, don Leandro N. Alem, en 1892, escribiendo desde la prisión: “Fieles a nuestro credo de redención nacional, libres de vinculaciones con los autos de este régimen oprobioso, unidos todos al pie de nuestra bandera, resueltos estamos a llevar adelante nuestra campaña salvadora, hasta ver triunfante la Constitución, la libertad y la honradez política y administrativa”.

En 1912, más de tres décadas de denodadas luchas cívicas lideradas por el radicalismo, desembocan en la conquista del sufragio universal y secreto, arrancado a la élite gobernante. Esto permitirá el triunfo electoral y el acceso al poder de Yrigoyen en 1916, abriendo paso a “... la nueva época que se caracterizará por una renovación de todos los valores éticos y constructivos”, según dirá el presidente Yrigoyen, en su mensaje al Congreso en 1917.

Recogiendo las mejores tradiciones de justicia y libertad del pueblo argentino e interpretando lo más hondo del espíritu nacional, se inaugura un auténtico programa de reformas que darán vida a aquella célebre frase de Yrigoyen: “Cosas han muerto que nunca más han de resucitar y cosas han resucitado que habrán de vivir eternas”. En ese sentido, recordamos especialmente la Reforma Universitaria de 1918, acontecimiento de profundas consecuencias políticas y sociales, en la vida del país y en Latinoamérica.

Tras la avalancha de votos que en el año 1918, selló la segunda presidencia de don Hipólito Yrigoyen, la minoría oligárquica que había manejado el país como una gran estancia de su exclusiva propiedad, comprendió que le quedaba vedado el camino de la legalidad para acceder al gobierno y, desde entonces, el golpe de estado habría de convertirse en su principal recurso para recuperar el poder y consolidar sus privilegios.

Años después, otro gran líder, Juan Domingo Perón, haría alusión al derrocamiento de Yrigoyen y el papel que le cupo a las minorías del privilegio en tal hecho, con las siguientes palabras: “Estas fuerzas que se oponen a nuestra política de justicia social, han representado dentro del país la eterna oligarquía económica que ha manejado a la oligarquía política ... Yrigoyen tenía razón y atacó incansablemente esta oligarquía. Y fue la reacción de esta oligarquía la que volteó a Yrigoyen”. También el general Perón diría: “Es recién ahora que se empieza a hacer justicia con Yrigoyen y a mí me toca enfrentar a los mismos enemigos que él tuvo, especialmente a la oligarquía. Yrigoyen fue insobornable, incapaz de venderse a nadie”.

En 1930, resuena “La Hora de las Espadas”, abriendo paso a la ignominia de la “década infame”. Florecen las rebeliones y con ellas, vendrán más fusilamientos y cárceles para los opositores.

La dictadura conservadora tiene la mano dura: se instala la ley marcial y se restablece la pena de muerte, abolida por el Congreso en 1921. Y no se la restaura en vano porque hay fusilamientos.

El “orden” debe restaurarse en el terreno laboral mediante severas medidas. Los sindicatos son disueltos y sus dirigentes detenidos. Y si son extranjeros, se los deporta.

Uriburu crea la Sección Especial, que adquiere rápidamente una reputación siniestra, persiguiendo a la oposición.

La dirige el “entusiasta revolucionario” y primer torturador, Leopoldo Lugones (h), quien implanta la “picana” eléctrica.

En realidad, esa feroz represión es solamente el medio de que se vale la oligarquía para la revancha social.

El clima de “restauración” llega a tal punto en el campo social, que una federación patronal –poco representativa en verdad– pide al Departamento de Trabajo del Ministerio del Interior, en abril de 1931, que se anule la ley del descanso dominical.

Este nefasto lapso de nuestra historia se cierra con el golpe militar de 1943, pero éste allanará el camino al segundo gran gobierno popular de este siglo. La obra transformadora realizada en la década justicialista (traducida en sustanciales transformaciones políticas, económicas y sociales), fue el resultado de la confluencia de las grandes mayorías nacionales –trabajadores, empresariado nacional, sectores importantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, sectores medios, etc. –, en torno a dicho programa de reformas que modificó sustancialmente el perfil de la sociedad argentina y del país, provocando la reacción de la oligarquía afectada por el proceso redistributivo generado en ese entonces.

Un nuevo estilo político se inaugura en la Argentina, expresado en conceptos por su inspirador, el general Perón.

En una oportunidad manifestó: “La libertad que anhela el país no es la libertad para hacer el fraude. Tampoco la libertad para vender la patria ni enajenar sus destinos. Deseamos libertad tanto para el pobre como para el rico y que nadie pretenda explotar el trabajo de otros hombres. El país ha luchado veinte años para conseguir la libertad política y está dispuesto a luchar otros veinte para conseguir la libertad económica”.

También le pertenecen los siguientes conceptos “Los trabajadores del campo y las ciudades, han de unirse para vencer a la oligarquía. La tierra debe ser del que la trabaja y no del que la explota. Ello lo hará la reforma agraria iniciada. El obrero industrial y comercial, como el obrero campesino, deben obtener todas las mejoras posibles... O cae la oligarquía o caemos nosotros. Ese es el dilema.”

De su libro “Proyecto Nacional – Testamento Político”, extraemos los siguientes conceptos: “He dicho una vez que la comunidad a la que aspiramos, es aquella donde la libertad, la justicia y la responsabilidad, son fundamentos de una alegría de ser, basada en la certeza de la propia dignidad. En tal oportunidad el individuo posee realmente algo que ofrecer e integrar al bien general, y no sólo su presencia muda y temerosa. Nosotros creemos en la comunidad, pero en la base de esa convicción se conserva un profundo respeto por la individualidad y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre representa, por el solo hecho de su existencia”.

Llegamos así al año 1955, en el que habrá más sangre derramándose en el suelo argentino. El criminal bombardeo a la población civil el día 16 de junio de ese año, causó innumerables muertos entre desprevenidos transeúntes. Tras el golpe militar de Septiembre de ese mismo año, se desata una verdadera ola de revanchas y persecuciones, con fusilamientos ilegales en 1956 y con la masacre de inocentes ciudadanos en los basurales de León Suárez. Las mayorías políticas serán condenadas a un largo período de proscripción, las organizaciones sindicales intervenidas militarmente, restringidas las garantías y libertades individuales y muchos dirigentes políticos y gremiales encarcelados.

El período 1955-1973, requiere una especial atención. La proscripción del movimiento mayoritario genera una crisis política acumulativa, derivada de la infructuosa búsqueda de una “salida política” basada en la exclusión de las mayorías. Dicha crisis habrá de agudizarse debido a la recurrencia de políticas económicas y sociales recesivas que comprimen los ingresos de los trabajadores y limitan la expansión del mercado interno.

Este problema, señor Presidente, habrá de convertirse en las décadas siguientes en un verdadero cuello de botella para el crecimiento económico y en fuente de graves tensiones sociales, que mucho tienen que ver con la inestabilidad política del país y la alternancia de gobiernos civiles y militares.

En efecto, la adopción de políticas recesivas y frenadoras del crecimiento, lograban equilibrar transitoriamente el déficit de pago al exterior por la vía de comprimir el salario real, la demanda interna y, por ende, la producción industrial y las importaciones con ese destino, mientras se estimulaba, por otra parte, las exportaciones del sector agrario.

Como este tipo de política generaba una gran resistencia por parte de los sectores afectados, particularmente el sindical, necesitaban de un marco político autoritario otorgado por los gobiernos de facto. La reacción de la férrea organización sindical, herencia del justicialismo, y de los sectores medios y empresarios vinculados al mercado interno, terminaba provocando el reflujo de estas políticas y el retorno al marco constitucional, logrando, en consecuencia, restituir los derechos y libertades conculcados y un avance en la recomposición del ingreso de los sectores más castigados.

La pendularidad permanente (causa de la inestabilidad política-institucional), el freno al crecimiento económico y la aguda efervescencia social, son los elementos claves para interpretar la crisis estructural de la sociedad argentins en el período a que hemos hecho mención.

Esta gran inestabilidad va de la mano con la pérdida de credibilidad en los débiles intentos democráticos que se contradicen en lo esencial: no garantizan el gobierno de las mayorías ni el mantenimiento de las conquistas heredadas.

La expresión más palpable de esta situación, señor Presidente, la sufre el gobierno del doctor Arturo Illia, acosado por la oligarquía y muy especialmente por los lesionados intereses de las multinacionales.

La reacción del golpismo de turno tuvo mucho que ver con los avances registrados en este período constitucional: crecimiento del producto bruto interno de la economía; disminución de la tasa de desempleo, de la deuda externa de entonces, etc., como así también, la adopción de importantes decisiones políticas como la Ley de Medicamentos, la anulación de los contratos petroleros, y la ratificación del principio de la “No Intervención y Autodeterminación de los Pueblos”, todo esto en el marco de un país sin presos políticos ni gremiales, y con un respeto irrestricto por la libertad y los derechos humanos.

El golpe que lleva a Onganía al poder agudiza la crisis en dos planos principales: se institucionaliza la presencia militar en la vida política, impulsada por las ideas “pentagonianas” de la “Seguridad Nacional” y las “Fronteras Ideológicas” y, por otro lado, comienzan a aplicarse políticas económicas monetaristas que provocan una fuerte concentración de ingresos en las multinacionales y sectores oligárquicos financieros.

Autoritarismo, soberbia, elitismo, descontento popular y represión conformarán una mezcla explosiva. Los movimientos estudiantiles son duramente reprimidos y de allí gana celebridad la tristemente denominada “la noche de los bastones largos”, cuando por primera vez en nuestra historia, la policía invade los claustros universitarios. Obreros y estudiantes generan puebladas. Luego habrá guerrilla, muertos, presos, torturados. Forzado en su debilidad, el régimen cederá –no sin protagonizar la masacre de Trelew– un repliegue electoral mientras preparaba fría y minuciosamente su retorno, especulando con las contradicciones y estimulando las debilidades que mostraba el gobierno constitucional tras la muerte del presidente Perón.

Llegamos así, señores legisladores, a los umbrales de la tragedia, a los asoladores años del proceso, a la noche más larga, más oscura y más sangrienta de toda nuestra historia.

Toda doctrina o sistema doctrinario tiene sus dogmas. El desarrollo económico desequilibrado a lo largo de este siglo, con la aparición de las multinacionales, ha creado el dogma de la “Seguridad Nacional” y la indiscutible ansia de libertad fue la cobertura hipócritamente utilizada para justificar los crímenes.

Ciertamente, el hombre tiene la obligación impuesta a él por Dios, de ser libre y cuidar la libertad en su expresión más legítima: la del espíritu, aunque esta obligación le resulte gravosa y le exija ingentes sacrificios.

Pero el hombre tiene, además, la obligación de respetar y conservar la libertad de otros hombres, de todos los hombres, y no únicamente la suya.

Existen demasiados amantes de la propia libertad en este mundo, que juzgan que la libertad ajena estorba a la suya y, cometiendo la blasfemia de creerse “intérpretes” de Dios, llegan hasta los delitos más abominables: la falsedad, la delación, la tortura, el asesinato selectivo o en masa. La hora de la falsa libertad debe terminar para entrar a una nueva era: la de la Libertad salvada en asociación con la Verdad, que a su vez no puede ser salvada en la indiferencia hacia aquella. “Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres”, dice Cristo.

Señores legisladores: ¡Qué contradictoria realidad de nuestro mundo en este siglo!. La economía, que se mueve en el mundo de la materia, proclama y defiende la libertad que vive y se mueve en el mundo del espíritu y de la metafísica. Las intenciones de esta proclamación y defensa, están cargadas de injusticias y de trampas en todas partes y aquí también.

Mientras la economía goza de libertad muy grande, casi sin límites, el pensamiento, la palabra, el espíritu y sus creaciones son vigilados, cercados, ahogados y, muchas veces, suprimidos.

La materia, los apetitos materiales, la codicia del poder, el abuso del poder sin jerarquía ninguna, explotan y oprimen a los débiles y dependientes. Con cuanta razón decía San Agustín: “Todo reino o sistema político donde no se administra la justicia, se convierte en cueva de ladrones”.

Por eso, el espíritu es aplastado y ahogado. Y si esto sucede entre nosotros, con dolor, debemos reconocerlo, es una señal evidente de la decadencia de nuestra nacionalidad.

Cuando el 24 de marzo de 1976 se dio el golpe militar, los que lo engendraron lo hacen absolutamente persuadidos de que su rol mesiánico, no consistiría solamente en poner fin a los que ellos consideraban un mal gobierno.

No se trataba de un golpe militar más, sino de un ambicioso intento para cambiar nuestra sociedad, de acuerdo con un plan prolijamente elaborado desde el momento mismo de la asunción del gobierno popular y constitucional de 1973, tal como lo reconociera públicamente, tiempo después, el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo de dicho plan.

Debemos recordar que la sedición militar se efectuó pocos meses antes de la convocatoria a elecciones generales, donde la ciudadanía iba a tener oportunidad de elegir libremente las propuestas que considerara más aptas para el país.

La selección del nombre de “reorganización nacional” para designar el proceso abierto a partir del otoño de 1976, no obedeció precisamente a un capricho semántico. Los mentores ideológicos del golpe militar diagnosticaron en el país “un tremendo vacío de poder”, capaz de “sumirnos en la disolución y la anarquía” (proclama del 24-03-76), situación análoga a la vivida por el país en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se emprendió la etapa de la organización nacional.

De esta manera, los militares y civiles protagonistas del golpe, se asumían como los impulsores de una nueva etapa de organización nacional, que al igual que la de un siglo antes se emprendía con vencedores y vencidos, con réprobos y elegidos.

El diagnóstico militar daba cuenta de las profundas “distorsiones”, operadas en la vida nacional a partir de 1945, que mostraban la dificultad histórica del país para funcionar en base a una democracia participativa.

Atribuían a estas supuestas “distorsiones” el movimiento pendular a que nos hemos referido anteriormente, el cual se traducía, según su interpretación, en graves riesgos para la seguridad nacional, además de comprimir el desarrollo de nuestras potencialidades.

Se trataba, en consecuencia, de modificar completamente el funcionamiento de nuestra sociedad, para que en virtud de esos cambios, se evitara la repetición de esa anomalía estructural. El “populismo” a erradicar estaba íntimamente ligado al ordenamiento económico que le daba sustento. Se establecía así, una estrecha interrelación entre las “reformas” económicas y las políticas, conviretiéndose de hecho el plan económico de Martínez de Hoz, en el corazón de la estrategia militar.

En su esencia, este plan implicaba la reconversión del perfil socioeconómico argentino. Si en el modelo industrial de post-guerra que se dio en el país, se articuló una alianza objetiva de intereses entre los trabajadores y el empresariado nacional en torno al mercado interno, en el nuevo modelo restringía ese mercado y la hegemonía política se trasladaba a la vieja oligarquía agroexportadora en sociedad con el capital multinacional, especialmente el financiero.

Desaparecía la industria nacional, mediana y pequeña, y el dinamismo económico se asentaba en el sector energético (petróleo y gas especialmente), exportación de alimentos y sector financiero, es decir, se desprotegió la economía nacional a favor de intereses oligárquicos y foráneos. Esa minoría, única beneficiaria real de esa política económica, pasó a ser bautizada por el ingenio popular como la “patria financiera”.

Si la política económica de post-guerra significó transferencia de ingresos desde la oligarquía hacia la comunidad, a través del Estado, el plan Martínez de Hoz implicó precisamente lo contrario, representando una verdadera revancha histórica.

Uno de los resultados más funestos de esa política económica está expresado en la fabulosa deuda externa que quedó como herencia de ese plan; cada argentino que nace hoy, llega al mundo debiendo a los bancos extranjeros más de 1.600 dólares, deuda que en su mayor parte no se sabe qué origen o destino tuvo y que nos condena a una injusta sangría de recursos en concepto de intereses y amortización, lo que significa hambre y desempleo para el pueblo argentino en otra flagrante violación masiva de los derechos humanos. La deuda externa compromete el destino de los argentinos por varias generaciones.

La naturaleza y magnitud de los cambios operados se tradujeron en la necesidad de montar un vasto plan represivo, sin antecedentes en nuestra historia.

Esta “necesidad” se basaba en la certidumbre de que las “reformas” a aplicar, serían tenazmente resistidas por los sectores afectados, como realmente sucedió, pero en el marco ya de un debilitamiento profundo de las organizaciones políticas, sociales y gremiales del pueblo argentino.

Así, con el pretexto de combatir a los grupos terroristas que operaban en el país, se implementó un programa de exterminio físico de opositores reales y potenciales, que nada tenían que ver con la subversión, de carácter orgánico y sistemnático.

En el plano de la represión individual fueron secuestradas y desaparecidas millares de personas y otros tantos fueron muertos en supuestos y poco probables “enfrentamientos”, o bien estuvieron encarcelados, sin causa ni juicio, sufriendo vejámenes y torturas. Las cesantías arbitrarias, el exilio, la pérdida de derechos, etc., también forman parte de los atropellos perpretados contra el pueblo.

En el plano de la organización política de la sociedad, y consecuente con el espíritu totalitario que conllevaba el proyecto regresivo encarnado por el Proceso, se disuelve el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, los Consejos Municipales, etc.

Se removió a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las provincias, adoptándose igual actitud con gran número de jueces, designando en su lugar a abogados de absoluta confianza.

Se llegó a la ignominia de obligar a los integrantes del Poder Judicial, a jurar respetar los Estatutos y Actas Liminares del Proceso de Reorganización Nacional, anteponiendo estas arbitrarias disposiciones por sobre la Constitución Nacional.

Se suspendieron, sin límite, las actividades de los partidos políticos e incluso la realización de cualquier tipo de actividad política, salvo las que se efectuaron a favor del proceso por pequeñas agrupaciones políticas, repudiadas en las anteriores elecciones y que constituían la apoyatura civil del gobierno de ipso.

Se labraron arbitrarias e inconstitucionales Actas Institucionales, con la prohibición de ejercer sus derechos cívicos a reputados ciudadanos, despojándoseles de sus bienes, en reedición procesista de las primitivas y execrables “Capiti diminutio” del milenario Derecho Romano. Se llegó, incluso, a revertir “la cosa juzgada”, principio básico del Derecho Universal.

En el plano de las organizaciones gremiales y sociales, se disolvió la C.G.T.; se intervino militarmente a los sindicatos y a sus obras sociales, al igual que las federaciones de segundo grado. Se intentó vanamente promover el paralelismo en las organizaciones sindicales e intermedias en general y la desafiliación compulsiva de los trabajadores; se prohibió y reprimió severamente el derecho de huelga (ley 21.400) y millares de dirigentes sindicales y delegados de fábrica fueron encarcelados, secuestrados y/o desaparecidos.

El movimiento obrero organizado resultó el blanco principal de esta ofensiva represiva, ya que constituyó históricamente un indoblegable bastión para la aplicación de políticas sociales y económicas regresivas, como lo demuestra el hecho de que un altísimo porcentaje –casi el 40%– de los desaparecidos, encarcelados, torturados y asesinados, fueron de extracción obrera. Dilapidaron los bienes de las obras sociales, una conquista sustantiva de la clase trabajadora.

Fue disuelta la Confederación General Económica y sus dirigentes proscriptos, encarcelados o expulsados del país. Fueron disueltas las federaciones y centros de estudiantes. Millares de dirigentes de ese sector desaparecidos, asesinados, detenidos y exiliados, son otra prueba de ese proyecto criminal. Las sociedades de fomento, centros vecinales, ligas agrarias, etc., también fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Igualmente, como signo común a todo régimen totalitario, el proceso anuló la libertad de prensa, sistematizó la censura, y lo que es más grave aún, institucionalizó la autocensura, violándose así el derecho constitucional a la libre expresión e información.

En 1979, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA registró en el país la cantidad de 68 periodistas desaparecidos y 80 encarcelados. Otros más fueron asesinados y muchos debieron exiliarse para salvar la vida.

En Tucumán, señor Presidente, como caso concreto de esa política de muerte instrumentada por el régimen militar, cabe citar la desaparición del periodista francés-argentino Maurice Jaeger, que se desempeñaba en La Gaceta.

En la noche del 8 de julio de 1975, su casa fue rodeada por efectivos conjuntos del ejército y la policía y sacado a la fuerza.

Desde entonces, nunca más nada se supo de él pese a las múltiples gestiones de sus compañeros de trabajo, de su familia, y del propio gobierno francés.

Otro caso patético fue el del periodista del desaparecido diario Noticias y de Canal 10, Eduardo Ramos, también secuestrado en las sombras de la noche junto a su mujer.

Los denodados esfuerzos de sus familiares y colegas, resultaron vanos ya que no volvió a aparecer.

Pero también está la contrapartida o la otra cara de la moneda. En 1972, un comando de la organización Montoneros atacó las instalaciones del diario Noticias. El resultado de esa acción terrorista se reflejó en un policía y un guerrillero muertos en el intercambio de balazos producidos dentro de las instalaciones de ese vespertino.

Por otro lado, en el comunicado N° 19 del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar amenazó con pena de reclusión de hasta 10 años a los responsables de medios de prensa que “divulguen o propaguen noticias, comunicados o imágenes, con intención de perturbar, perjudicar o atentar contra las Fuerzas Armadas”. La ambigüedad de dicho texto se agravó con la aparición de un cuadernillo de 14 puntos, donde se regulaba “... los principios y procedimientos al que deben someterse los medios de prensa”.

La manipulación de los medios de comunicación masivos le impuso una verdadera mordaza a la opinión pública, arrastrándola al engaño mediante una información regulada, sensacionalista y parcializada, como quedó palmariamente demostrado durante la guerra de Malvinas.

La represión se extendió, también, al ámbito de las actividades culturales, restringiendo severamente la producción teatral, literaria y artística en general, e incidiendo en la vida cotidiana de los argentinos, cuyo asombro y pesar resultaron colmados por una larga lista de prohibiciones oficiales que iban desde las matemáticas modernas (Córdoba 1978), al Martín Fierro, pasando por el tango “Cambalache” que fue entre otras muchas piezas musicales, retirado de los programas oficiales de radio y televisión.

Muchos artistas e intelectuales pasaron a engrosar las listas de ciudadanos perseguidos, secuestrados, desaparecidos, asesinados, encarcelados o exiliados.

Esta agresión global contra el conjunto de la sociedad argentina, tuvo un marco de justificación ideológica en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que como bien señalaron los pastores latinoamericanos reunidos en Puebla en 1979, “más que una doctrina constituye una ideología”.

La Doctrina de la Seguridad Nacional no nace espontáneamente, sino que va madurando progresivamente durante la última post-guerra, elaborada principalmente por las academias militares de los Estados Unidos de Norte América y difundida luego, a través del Sistema Interamericano de Defensa, al conjunto de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos.

Según sus conceptos, las Fuerzas Armadas (a las que concibe como fuerzas de élite de la Nación, de la que “constituyen su reserva política y moral”), deben asumir el mesiánico rol de “regenerar” a la Nación, reubicándola en el bloque occidental y cristiano “amenazado por la expansión comunista”. Esta se expresaría luego fronteras adentro de cada país con la aparición de un enemigo interno de imprecisos contornos. Para derrotarlo, sería necesario movilizar al conjunto de los recursos humanos y materiales de la Nación, Todas las actividades económicas, culturales, etc., son actos de guerra y herramientas de lucha. No existe la neutralidad en esa supuesta guerra y hasta la pasividad juega un rol concreto. Se está “con” o se está “contra” ese enemigo invisible.

Había calado tan hondo en el espíritu de algunos altos jefes militares de nuestro país el contenido de esos postulados, que públicamente se llegó a afirmar: “En la Argentina morirán todos los que sean necesarios para acabar con la subversión” (general Jorge Rafael Videla, Montevideo, septiembre de 1975).

El general Ibérico Saint Jean, por su parte, manifestó al International Herald Tribune, en París, el 26/5/77: “... primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos”.

El teniente coronel Hugo Pascarelli declaró al diario La Nación, en marzo de 1977: “La lucha que libramos no conoce límites morales. Se realiza más allá del bien y del mal”.

En enero de 1980, el general Videla dijo: “Un terrorista no es sólo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. (Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Argentina, pág. 32)

El general de división Santiago Omar Riveros, jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, dijo ante dicho organismo el 24 de enero de 1980: “...Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares, nos sobraba nuestra capacidad y nuestra organización para el combate frente a fuerzas irregulares en una guerra no convencional... Es simplemente no conocer o no saber que esta guerra nuestra la condujeron los generales, almirantes y brigadieres en cada fuerza. No fue conducida por un dictador o dictadura alguna, como se pretende confundir a la opinión pública mundial. La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país, a través de los Estados Mayores...”.

Resulta un lugar común en la Doctrina de Seguridad Nacional recurrir a los símbolos religiosos para justificar sus postulados, pretendiendo falazmente involucrar a la Iglesia al enunciar la defensa de lo que denominan el “Sistema de Vida Occidental y Cristiano”. En razón de ello, la Iglesia salió al paso rechazando contundentemente esta engañosa actitud, mediante los siguientes pronunciamientos:

“En los últimos años, se afianza en nuestro continente la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, que es de hecho mas una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende, incluso, justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo en concordancia con su concepto de “guerra permanente”. En algunos casos, expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico”. (Este pensamiento está extraído del Documento de Puebla – parágrafo 547).

En el parágrafo 549 del referido documento de Puebla, la Iglesia manifiesta: “La Doctrina de la Seguridad Nacional, entendida como ideología absoluta, no se armoniza como una visión cristiana del Hombre, en cuanto responsable de la realización de un proyecto temporal, ni del Estado, en cuanto administrador del bien común. Impone, en efecto, la tutela del pueblo por élites de poder, militares y políticas y conduce a una acentuada desigualdad de participación en los resultados del desarrollo”.

En el mismo documento emitido por los señores obispos latinoamericanos, en el parágrafo 49 se lee:

“Las ideologías de la Seguridad Nacional han contribuido a fortalecer, en muchas ocasiones, el carácter totalitario o autoritario de los regímenes de fuerza de donde se ha derivado el abuso del poder y la violación de los derechos humanos. En algunos casos, pretenden amparar sus actitudes con una subjetiva profesión de fe cristiana”.

Pasemos ahora al parágrafo 314 del mismo documento que dice textualmente:

“Menos conocida pero actuante la organización de no pocos gobiernos latinoamericanos, la visión que podríamos llamar estatista del hombre, tiene su base en la Teoría de la Seguridad Nacional. Pone al individuo al servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos y, mediante ellos, contra la amenaza del comunismo. Frente a este peligro permanente, real o posible, se limitan, como en toda situación de emergencia, las libertades individuales y la voluntad del Estado se confunde con la voluntad de la Nación. El desarrollo económico y el potencial bélico se superponen a las necesidades de las masas abandonadas. Aunque necesaria a toda organización política, la Seguridad Nacional vista bajo este ángulo, se presenta como un absoluto sobre las personas: en nombre de ella se institucionaliza la inseguridad de los individuos”.

Luego, en el parágrafo 1262, los señores obispos de nuestro continente manifiestan:

“Impedido, en este contexto, el acceso a los bienes y servicios sociales y a las decisiones políticas se agravan los atentados a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a la integridad física. Asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, secuestros, torturas continentalmente extendidas, demuestran un total irrespeto por la dignidad de la persona humana. Algunas pretenden justificarse incluso como exigencias de la seguridad nacional”.

Las manifestaciones que hemos transcripto, cobran singular importancia debido a que las deliberaciones de los señores obispos latinoamericanos fueron refrendadas por el Santo Padre, quien inauguró personalmente esta Conferencia Episcopal y en discurso de apertura fustigó vehementemente las violaciones de los derechos humanos, clamando por el respeto al hombre, “ya que él es una imagen de Dios”. Posteriormente, Su Santidad, Juan Pablo II, al aprobar las conclusiones del documento del cual hemos extraído los párrafos mencionados anteriormente, manifestó:

“Este documento, fruto de asidua oración, de reflexión profunda y de intenso celo apostólico, ofrece un denso conjunto de orientaciones pastorales y doctrinales, sobre cuestiones de suma importancia. Ha de servir, con sus válidos criterios, de luz y estímulo permanente para la evangelización en el presente y el futuro de América Latina”.

Dado que la represión montada desde el Estado –que la Doctrina de Seguridad Nacional pretendió justificar– utilizó como pretexto a los grupos subversivos que existían en el país, resulta imprescindible referirnos también, a la acción de éstos. Diremos, en primer lugar, que desde los orígenes de la aparición del fenómeno del terrorismo en la Argentina, la casi totalidad de los sectores de la vida nacional se preocuparon en condenarlo y reprobarlo con especial énfasis, lo que implicó que ya a fines de 1975 su aislamiento político fuera casi absoluto, restándosele de esa manera, toda posibilidad de consolidación y desarrollo.

Esta Comisión Bicameral quiere expresar con absoluta claridad su total rechazo, repudio y condena, al accionar violento de estos grupos, cuyas crueles metodologías terroristas carecen de perspectivas y realismo, respecto de las condiciones políticas e idiosincrasia de la sociedad argentina.

Diremos, además, que esas bandas terroristas con su accionar , se constituyeron en el factor de provocación que estaban necesitando los ideólogos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para desencadenar la sangrienta represión que acaeció posteriormente. Esto resulta imposible de omitir, si es que queremos tener una adecuada comprensión de los hechos de violencia que dieron origen a la tragedia de los últimos años.

Ese accionar guerrillero constituyó una respuesta errada, carente de todo fundamento y, por ende, condenada al fracaso más absoluto. Es decir, fue una respuesta alucinada a las graves condiciones sociales imperantes en nuestro país y en América Latina, a los problemas de injusticia estructural y de dependencia.

Una vez más, debemos acudir al documento de Puebla que al tratar sobre este tema, en sus parágrafos 43 y 532, dicen:

“Angustias por la violencia de la guerrilla, del terrorismo y de los secuestros realizados por extremismos de distintos signos que igualmente comprometen la convivencia social”. “Con igual decisión, la Iglesia rechaza la violencia terrorista y guerrillera, cruel e incontrolable cuando se desata. De ningún modo se justifica el crimen como camino de liberación. La violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y esclavitud; de ordinario más grave, que aquellas de las que se pretende liberar. Pero, sobre todo, es un atentado contra la vida que sólo depende del Creador. Debemos recalcar también que cuando una ideología apela a la violencia, reconoce con ello su propia insuficiencia y debilidad”.

En el parágrafo 534 del mismo documento a cuyas sabias citas estamos acudiendo, se expresa:

“Debemos decir y reafirmar que la violencia no es cristiana ni evangélica y que los cambios bruscos y violentos de las estructuras serán engañosos, ineficaces en sí mismos y ciertamente no conformes con la dignidad del pueblo”. (Pablo VI, discurso en Bogotá, 23/8/68). En efecto, la Iglesia es conciente de que las mejores estructuras y los sistemas más idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones del hombre no son saneadas, si no hay conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras y las rigen”.

Antes de concluir el punto II) de este informe, debemos dejar perfectamente asentado, que no concebimos un país sin Fuerzas Armadas, institución que ha estado vinculada a la Patria desde sus albores y que ha dado grandes hombres a la Nación.

Hombres de la talla de los generales Moscón, Savio, Baldrich, contraalmirante Lagos y otros tantos que allá por los años ’20, e identificados con la causa de mayorías, tanto aportaron al objetivo de la emancipación nacional.

Mal podríamos pensar que sería justo abatir un hermoso manzano porque a sus pies hayan caído manzanas podridas. Creemos, por lo contrario, en la necesidad de contar con una Fuerzas Armadas sólidas e integradas al conjunto de la Nación, en un proyecto nacional que garantice desarrollo, justicia e independencia, y que, subordinados al Poder Político, puedan cumplir con su sagrada misión de defender a la patria en el marco estricto de la Constitución.

Rechazamos, en consecuencia, las maniobras de quienes pretenden convertirlas en instrumento al servicio de proyectos minoritarios, en guardia pretoriana de ideas de minorías y privilegios nacionales y/o extranacionales, contrariando las más puras glorias sanmartinianas. Fue el propio general San Martín, quien, en una oportunidad, manifestó:

“La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, no le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene: la tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuando es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares”.

La restauración de la democracia, de las instituciones de la República y el estado de derecho en octubre de 1983, marcaron fundamentalmente la recuperación del respeto por la vida, la libertad y la justicia.

Fue, en síntesis, el producto de la lucha –activa o pasiva, según el caso, la oportunidad y las posibilidades– de todo un pueblo y no de un sector en particular que, con una avalancha de votos, sepultó el horror como método, la muerte como sistema y permitió que la Verdad asomara a la luz de la Nación recuperada.







III. La violación a los derechos humanos en la provincia de Tucumán


Resulta indispensable realizar un somero análisis de la evolución socioeconómica de Tucumán, a fin de poder apreciar cuáles fueron las causa primordiales que hicieron de esta provincia, un escenario donde encontraron un clima propicio y permanente, las tensiones sociales, que derivaron en conflictos políticos, dando lugar a que la violencia –no aceptada por el pueblo–, se agudizará aquí con especial énfasis, hasta desembocar en los hechos cuya investigación nos ocupa.

Debemos recordar que cerrados los circuitos ancestrales de articulación con el mundo andino (Bolivia, norte de Chile y Perú), y arruinada su economía artesanal como consecuencia del libre cambio, Tucumán se acomodó al nuevo esquema económico que se desarrolló en el país a fines del siglo pasado, como proveedor de azúcares para el incipiente mercado interno. La instalación del ferrocarril, en 1876, le permitió acceder a los mercados nacionales de consumo e importar equipo de alta tecnología para modernizar las plantas de producción de los ingenios. De la simbiosis entre la avanzada tecnología industrial –importada entonces de Europa– y la mano de obra servil y abundante de la hacienda colonial, surgió el primer desfasaje estructural de la provincia, común a todas las economías periféricas y subdesarrolladas.

La actividad económica de la provincia, giró a partir de ahí, en torno a la transformación industrial de la caña de azúcar, inicialmente favorecida por las ventajas comparativas de la economía provincial (bajo costo de materia prima, mano de obra intensiva y barata), pero tempranamente sometida a tensiones derivadas del desbalance entre la oferta y la demanda final del producto elaborado, que hizo estallar ya entre 1896 y 1899, la primer gran crisis de superproducción que culminó con el cierre de 7 de los 18 ingenios existentes en ese entonces en la provincia.

A partir de allí, y complicada posteriormente la simplicidad del esquema productivo inicial, por la aparición de fenómenos tales como la ampliación de las fronteras agrarias (incorporación de numerosos productores cañeros) y sindicalización de los trabajadores (que rompieron con el esquema laboral del servilismo), todo ello sumado a la pérdida de algunas de las ventajas comparativas iniciales, comienzan a impulsar a la economía azucarera tucumana, a una creciente crisis de carácter estructural.

Esta crisis agudizó los conflictos de intereses entre los agentes socioeconómicos involucrados, agudizada por el fenómeno irreversible de la avasalladora competitividad de las economías agroindustriales azucareras de Salta y Jujuy.

Los ingenios del norte comienzan a disputarle con éxito, al azúcar tucumano, crecientes fracciones de la demanda final, achicada además, por la competencia de la fructosa. En consecuencia, comenzó a vivirse el crudo problema del sobredimensionamiento de la capacidad industrial de la provincia.

Frente a esta amenaza (puesta ya en toda su evidencia a principio de los años ’60), Tucumán no pudo construir una estrategia superadora de esta crisis irreversible, limitándose la provincia a la presión política sobre el Estado Nacional, con vistas a lograr subsidios para su economía (vía regulación de precios remunerativos, inmovilización de azúcares excedentes, etc.). Tal estrategia tuvo algún éxito con gobiernos constitucionales, pero fue impotente ante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien en 1966 decretó el cierre simultáneo de once ingenios, con verdadero desprecio por sus desvastadores efectos sociales. Las consecuencias traumáticas de esa medida en la sociedad tucumana, hace que aún hoy, a dos décadas de aquellos sucesos, perduren como un fantasma.

La verdadera dimensión de este drama, se patetiza en el éxodo masivo de trabajadores que arrastra a más de 200.000 habitantes de la provincia, entre ellos la mano de obra más calificada y especializada de la industria azucarera, masa humana que va a engrosar las aledañas villas miseria de la Capital Federal. Por contrapartida, este cierre masivo de ingenios despobló decenas de pueblos y villas del interior tucumano, las que quedaron convertidas en verdaderos “pueblos fantasmas”. Esta deshumanizada medida tomada por el general Onganía, produce la quiebra de la industria metalúrgica local, a la par que una severa restricción de la actividad comercial y otros efectos multiplicadores.

Este desastre económico y social, produjo una terrible y angustiante miseria y un grave desconcierto y se constituyó en el nervio de la agitación política que se precipitó en Tucumán durante las dos últimas décadas.

Ese fenómeno alcanzó su pico máximo durante los años de la llamada “Revolución Argentina” (1966-73), cuando crecientes sectores y segmentos sociales, fueron exteriorizando sus protestas mediante metodologías cada vez más violentas, como ocurrió durante los levantamientos y puebladas de 1970, 1971 y 1972 con el saldo de centenares de detenidos, decenas de heridos y varios muertos y con importantes sectores de la ciudad capital, tomados por los manifestantes y retenidos en su poder durante varios días.

Los protagonistas centrales de estas protestas, fueron los obreros y los estudiantes, aunque es justo reconocer que contaban con la adhesión y simpatía casi unánime de la población.

Por otro lado, la severa represión de estas protestas, lejos de aplacarlas, constituía un factor de indignación colectiva y de provocación de nuevos disturbios.

Este fue el marco político–social en la primera parte de la década del ’70 y que coincidió con la aparición del accionar guerrillero tanto del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como de la organización Montoneros. Sin embargo, este fenómeno no debe de ninguna manera ser esgrimido como justificación de la feroz acción represiva desatada en toda la provincia, principalmente a partir de marzo del ’76.

La prestigiosa publicación norteamericana “Newsweek” ha hecho recientemente, trascendentales revelaciones sobre los sucesos de la época que estamos investigando, al dar a conocer informes y mapas secretos firmados por los principales jefes militares del país en el año 1975: el general Videla (entonces Comandante en Jefe del Ejército); el general Viola (Jefe del estado Mayor del Ejército) y el coronel Carlos A. Martínez (Sub-jefe de Inteligencia del Ejército).

El diario La Razón, de la Capital Federal, en su edición del 29 de abril último, en su página 10, transcribe el aludido artículo de la revista norteamericana y reproduce fotocopias de los documentos y mapas a que hicimos referencia.

De dicha documentación, recogemos los siguientes datos: “...Indica que en el país había no más de 600 guerrilleros del ERP, uno de los dos principales grupos extremistas, el mejor organizado y el más aguerrido. Indica, además, que en Tucumán, donde el general Videla anunció que se libraba una guerra importante a la cual se enviaban grandes contingentes de tropa, había entre 120 y 180 guerrilleros del ERP...”.


Sr. Presidente:

El irresponsable proceder de los elementos terroristas, totalmente desvinculados del real problema social y popular del pueblo tucumano, servirá de motivo para montar un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla.

Recordamos, asimismo, que ya en 1975 (según consta en los medios de prensa locales y nacionales), cuando fue sustituido en la comandancia de la 5ª Brigada de Infantería por el general Antonio Domingo Bussi, el entonces general Acdel Vilas, afirmó que la guerrilla ya había sido derrotada en Tucumán.

Sin embargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha.

La militarización creciente de la sociedad tucumana, aumentó cuando la policía local pasó a depender directamente de la autoridad militar de la provincia, incrementándose la escalada represiva con el accionar conjunto de las fuerzas militares, policiales y de seguridad.

Igualmente, de los testimonios y denuncias recibidas, surgen las siguientes características comunes, en los llamados “procedimientos antisubversivos”.

1) 9 de cada 10 personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública, por personas armadas, las que siempre actuaban en una superioridad numérica de 15 –aproximadamente– contra 1.

2) Los secuestradores, a veces uniformados, otras de civil, generalmente ocultaban sus rostros para asegurar su impunidad.

3) Operaban con gran despliegue de vehículos, sin chapas y patentes o con las mismas adulteradas y siempre en un marco de absoluto desparpajo, llegando muchas veces a interrumpir el tráfico en varias cuadras a la redonda.

4) En la gran mayoría de los casos estas acciones se desarrollaron en horas de la noche, como habría de reconocerlo en una oportunidad el general Vilas: “Los mayores éxitos los conseguimos entre las dos y las cinco de la mañana, la hora en que el subversivo duerme... Yo respaldo incluso los excesos de mis hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”. (“Excelsior”; México, 1975). Como puede observarse, este “subversivo” era una persona con una identidad propia, con un domicilio real y conocido y que de noche descansaba junto a su familia.

La represión contra el pueblo tucumano se fue desarrollando escalonadamente. Todavía en los inicios del último gobierno constitucional, en septiembre de 1973, el jefe de policía de ese entonces, comisario Héctor García Rey, desató un verdadero raid persecutorio nocturno, con asaltos de domicilio, rapiñas y numerosas detenciones sin orden judicial.

La oportuna intervención de la Honorable Legislatura, la indignada reacción ciudadana y la decisión del gobierno provincial, determinaron la remoción de este funcionario, quien se marchó a Córdoba a ejercer idéntico cargo, no sin antes resistir la medida oficial “por haber sido designado por López Rega”, según el mismo lo expresó.

Luego de la muerte de Perón, comenzaron a actuar en la provincia, grupos irregulares que cometieron numerosos atentados con explosivos de alto poder, de procedencia policial o militar, ya que en algunos casos, se han encontrado hasta los precintos.

Comienza así a institucionalizarse las agresiones, secuestros y asesinatos, siendo sus víctimas personalidades políticas, profesionales de reconocida actuación, dirigentes estudiantiles, líderes obreros, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

Se atacaron con cargas explosivas, instituciones como la Universidad Nacional de Tucumán, Honorable Legislatura, sede de partidos políticos (radical, comunista y socialista), Colegio de Abogados, etc.

Un sector particularmente afectado por el terror intimidatorio fue el de los abogados, circunstancia que no obedece a un hecho fortuito. Por el contrario, se trataba en realidad de utilizar todos los medios de la violencia y el terror físico y sicológico con el objetivo de limitar el accionar de aquellos letrados que se dempeñaban como defensores de presos políticos o colaboraban en apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, se trataba también, de amedrentar a los profesionales que eventualmente pudieran ser requeridos para la defensa de las víctimas de la acción represiva.

Se generó así la indefensión de la civilidad como sistema, la falta de auxilio como horma, en suma, se libró al arbitrio de las circunstancias, situaciones que por su naturaleza y por esencia, requerían urgente atención profesional que no podías ser brindada.

No se trataba de cobardía de un sector de la sociedad que no acudía en auxilio de otro que tanto lo necesitaba; era el terror que invadía a éste y muchos otros segmentos de la familia argentina, que lo imposibilitaba física e intelectualmente a dar aquello para lo cual había demorado una vida en prepararse, privándolo de ejercitar el derecho de defensa, a veces, lastimeramente requerido.

Se le negaba a la comunidad, que había contribuido a la formación profesional del abogado, recibir sus servicios como auxiliar de la Justicia, impidiéndole de este modo, no sólo el ejercicio de tan alto ministerios, sino también de su consecuencia y resultado que no es otro que el imperio del derecho y la Justicia.

Al incalificable atentado contra el Colegio de Abogados, al que ya hemos hecho referencia, se unen los perpetrados contra los estudios y domicilios de los doctores Arturo Ponsati, Muguel Seleme, Gerardo Maxud, Napoleón Torres Bougeau, José María Martinelli, Julio César Rodríguez Anido, Carlos Zamorano, Juan Roberto Robles, Carlos San Juan, etc. En el lapso que estamos analizando se produjeron los asesinatos de los abogados de Rafael Fagalde y Ángel Pisarello.

Estimamos justo y honorable referirnos muy especialmente al doctor Ángel Pissarello –asesinado en 1976– ya que fue un heroico y auténtico luchador por las libertades democráticas y que pagó con su vida y un cruento martirologio, su consecuencia con esa lucha. Extraemos de una carta, escrita por él pocos días antes de su secuestro, este párrafo: “Vicisitudes diarias, las amenazas constantes, no me arredran. Defenderé con mi vida la bandera de las libertades esenciales del individuo y de la mano de don Hipólito Irigoyen, seguiré luchando para que esa realidad en esta porción de tierra que me toca defender, que los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”.

Entre los abogados desaparecidos, debemos registrar a los doctores Víctor Noé, Elda Calabró, Juan del Gesso y Dardo Molina. Es de destacar que la mayoría de estos sucesos, se llevaron a cabo cuando el general Bussi ejercía la comandancia de la 5ª. Brigada y la Gobernación de la Provincia, es decir, contaba con la suma del poder público.

Cabe recordar al respecto, que el “Tribunal Permanente de los Pueblos”, citó el Boletín del Consejo de Europa del día 31 de enero de 1980, que decía que en nuestro país, para esa fecha, habían sido asesinados 27 abogados, que 76 figuraban como desaparecidos, que 109 estaban en prisión y que 200 estaban exiliados.

Los profesionales de la medicina, no escaparon al contexto de las atrocidades que se cometieron en aquella época.

En efecto, la intranquilidad y el desasosiego, fueron las notas identificatorias del quehacer profesional de los médicos. Atentados, intimidaciones, amenazas, se sucedieron sin solución de continuidad, en contra de muchos de ellos que no encontraron jamás la protección y/o seguridad que les posibilitaran el ejercicio de su apostolado, conforme a su esencia.

Entre los médicos desaparecidos, debemos señalar a los doctores Carlos Román Apaza, Rubén Lindor Tártalo, Máximo E. Jaroslavsky y Graciela Bustamante de Argañaraz. En ese lapso, fue asesinado el doctor Maddalena y murió en presidio el doctor Villavicencio, que era un exiliado boliviano. Los doctores Emilio Jarma y Forti, se exiliaron, contándose como desaparecida la esposa de este último.

Este clima de inseguridad y terror, situación provocada y a la que le dio asidero el terrorismo, constituyó el pretexto esperado para la intervención represiva, situación que se extiende luego deliberadamente al resto del país, allanándose así las Fuerzas Armadas, el camino para el golpe militar.

Es así que a Tucumán le correspondió el triste y doloroso papel de convertirse en campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas, aplicadas por algunos jefes militares y policiales.

Este proceso se vio facilitado por la profunda debilidad política del gobierno nacional, como consecuencia de la honda crisis desatada luego de la muerte del general Perón, que dio lugar al creciente copamiento del Poder Ejecutivo, por sectores irrepresentativos y que preconizaron políticas que facilitaron el avance golpista.

Por otra parte, el gobierno –en lugar de esgrimir su verdadero capital político, convocando al pueblo en apoyo a su programa original de transformaciones sociales en el marco de la Constitución y llamando a las Fuerzas Armadas a sumarse a ese plan– optó por una política llena de vacilaciones que se caracterizó por las continuas concesiones a las cúpulas militares que lo rodeaban, al tiempo que dejaba impunes hechos delictivos de violencia, que habría sido preciso investigar en su momento.

Que esta experiencia, trágica por sus consecuencias –el golpe y el genocidio– sea un llamado de atención para quienes entendemos que la democracia, la libertad y la justicia, constituyen los pilares del sistema de vida que han elegido los argentinos.

En este marco, merece especial mención, la furia represiva que se desató luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, contra las autoridades constitucionales de la provincia. Cárceles, torturas, asesinatos, desapariciones, persecuciones y vejámenes de toda clase, fueron moneda corriente en el trato que dispensó la dictadura a esos funcionarios del gobierno justicialista.

Existe una larga lista de los componentes de los poderes que regían en Tucumán. Algunos fueron sometidos a procesos irregulares sin permitírseles ejercer el derecho de defensa adecuada; otros recibieron tratos degradantes e inhumanos, sufriendo largos períodos de cárcel; los hubo torturados y vejados. Muchos fueron liberados meses después sin que se los hubiera reconocido como presos y sin formulárseles cargo alguno. Varios fueron secuestrados y no aparecieron nunca más.

El gobernador constitucional de la Provincia, don Amado Juri, permaneció detenido casi tres años, el entonces ministro de Economía, contador Jorge Raúl Martínez, estuvo dos años en poder de las fuerzas represivas y formuló denuncia ante la Comisión de Solidaridad con Presos y Desaparecidos Justicialistas por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales reiterados, trato inhumano, falta de defensa en juicio y carencia de debido proceso legal.

El entonces intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, don Carlos María Torres, permaneció detenido 3 años y 6 meses. Fue secuestrado por el término de 5 días y sufrió apremios ilegales y trato inhumano (causa 276-T-84).

Antonio Isaac Guerrero, diputado de la Nación, detenido sin proceso durante 3 años, denunció privación ilegítima de la libertad y trato inhumano.

Fueron secuestrados y aún figuran como desaparecidos, el doctor Dardo Molina, presidente del Honorable Senado; Juan Eduardo Tenreyro, Secretario General de la Gobernación; Bernardo Samuel Villalba, Diputado de la Nación, secuestrado en la vía pública (causa 268); Damián Márquez, Senador provincial; Raúl Mauricio Lechessi, Diputado provincial: Guillermo Vargas Aignasse, Senador provincial; José Chebaia, Secretario de Estado de Planteamiento.

Fue secuestrado y mantenido en esa situación por el lapso de 6 meses, el Ministro de Bienestar Social, Carlos Prats Ruiz.

Sufrieron cárceles, persecuciones, apremios ilegales, carencia de debida defensa en juicio, entre otros: René Quinteros, Diputado provincial; doctor Jesús Santos, Juez federal; Ricardo Díaz, Diputado provincial; Miguel Ángel Cosiansi, Secretario de Estado de Turismo; doctor César René Dantur, Secretario General del Ministerio de Bienestar Social; Iván Vacaflor, Secretario de Estado de Obras Públicas; doctor Adolfo Rospide, Secretario de Estado de Apoyo a la Comunidad; ingeniero José David Robledo, Secretario de Estado de Industria, Comercio y Minería, y muchos otros.

La represión entre dirigentes sindicales, como ya lo hemos manifestado, cobró una alta cuota de víctimas, entre los que debemos recordar el asesinato de los hermanos Arancibia, pertenecientes al gremio ATEP y del secretario general de la FOTIA, Atilio Santillán.

Debemos destacar el trato inhumano que recibieron todas las personas precedentemente mencionadas, el que ofrece un absoluto contraste con el que se les da actualmente a los integrantes de las Juntas Militares y otros altos jefes de la represión, que se encuentran detenidos y procesados al amparo de todas las garantías constitucionales que les brinda la Justicia de la Democracia.

La casi carencia de pruebas documentales, derivada de la clandestinidad inherente al accionar represivo, tornó trabajosa y difícil la tarea investigadora realizada por esta Comisión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no estamos en presencia de un caso más de una conducta humana cualquiera, sino más bien nos acercamos a lo que los criminólogos denominan “delincuentes paranoicos”, que subvirtieron todo el orden jurídico internacional, a la vez que violaron absolutamente todos los derechos esenciales del ser humano.

No está de más traer a colación el pensamiento de Francesco Carnelutti, extraído de su obra “Las Miserias del Proceso Penal”, donde dice: “... Que el justo, el verdadero juicio, es el que está en manos de Dios, pero si los Hombres se encuentran, sin embargo, en la necesidad de juzgar, deben tener al menos la conciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios”.

Pese a las dificultades a las que hemos aludido y a las que vamos a hacer mención más adelante y cumpliendo con lo manifestado en la página 9 de este informe, debemos señalar que se han sustanciado un total de 450 expedientes, que comprenden 600 presuntas víctimas las que, ahora, podrán ejercer por sí o por sus representantes legales, ante la Justicia administrada por jueces constitucionales los roles que la ley les acuerda.

Cumplimos con nuestro cometido, hasta donde legalmente nos fue demarcado; no dudamos que el resto será cumplido eficazmente por el Poder Judicial, quien tomará el deber protagónico que la historia le señala en definitiva: hacer Justicia.

Haciendo referencia a las dificultades aludidas precedentemente, debemos señalar que el número de denuncias receptadas y ratificadas en esta Comisión, es sensiblemente inferior al que han registrado los organismos defensores de derechos humanos de esta provincia y las realizadas ante la CONADEP, en ocasión de sus visitas a Tucumán. Este desfasaje se nota, especialmente, en el rubro desaparecidos.

La causa de esta circunstancia es atribuible, fundamentalmente, a los resabios del espanto y el terror sembrado entre la población, en los años en que campeó la represión desmedida.

En repetidas ocasiones, se hicieron presentes ante esta Comisión, familiares y/o víctimas de violaciones a los derechos humanos y expresaron su reticencia a efectuar las denuncias correspondientes, porque consideraban que en la provincia se conservaban vestigios del aparato represivo y señalaban que sus temores se basaban, especialmente, en que en la policía local se mantendrían y habrían sido reincorporados y/o ascendidos, elementos de los cuales ellos mismos había sido sus víctimas. Inclusive, llegaron a expresar que dudaban que esta Comisión les pudiera otorgar suficientes garantías, cuando sus propios miembros estaban siendo amenazados y no habían conseguido que la policía ni la Justicia, pudieran individualizar a los autores.

Con respecto a la situación señalada por las personas mencionadas, esta Comisión informa a los señores legisladores, que en el mes de enero de este año, radicó las correspondientes denuncias ante el señor Juez de Instrucción de Turno y ante el propio jefe de Policía, facilitando inclusive, el testimonio de una persona que individualizó a uno de los autores de las amenazas.

Retomando lo ya expresado, los resabios de temor se agudizan especialmente, en una sociedad provinciana como la nuestra, donde no existe el anonimato de las grandes ciudades, incidiendo ello negativamente en la mentalidad de sus habitantes que, muchas veces –como en los caso señalados– prefieren callar antes que exponerse a potenciales represalias. Abogados, testigos y miembros de los organismos de Derechos Humanos, siguen siendo hoy amenazados.

En el caso del interior de la provincia, han sido factores complementarios en la omisión de denuncias, hechos tales como el aislamiento en que viven muchos pobladores de las zonas rurales, las dificultades de acceder a medios de transporte y el fenómeno típicamente tucumano de los trabajadores “golondrinas” de la zafra, sobre cuyo destino es difícil precisar.

Asimismo, la represión aplicada sobre grupos familiares o sectores poblacionales íntegros, impide determinar, con exactitud, el número real de casos de violación de los derechos humanos.

Señor presidente: La experiencia que hemos vivido los miembros de esta Comisión, ha sido –sin duda– altamente traumática. No es posible descender a increíbles, casi inenarrables infiernos de la degradación humana y salir indemnes de allí. El relato de lo que algunos hombres hicieron con sus semejantes, sólo puede tener calificativo en el diccionario de Dios, porque en el de la humanidad, sinceramente, no lo tiene.

Uno no deja de preguntarse –y creo que nunca dejará de hacerlo– cómo algunos hombres pueden dar ciertas órdenes –y solazarse con ellas– y otros ejecutarlas –y gozar con su ejecución–.

Uno no deja de preguntarse –y creo que nunca dejará de hacerlo– cómo algunos hombres, a pesar de la impunidad de que gozaban, pueden haber descendido tan hondo en la degradación.

Tal vez, señor Presidente, habría que recurrir al infierno del Dante o a la Dinamarca de Shakespeare, para entender lo que nos pasó, porque no es posible explicarlo.

Si los miembros de esta Comisión nos sentimos horrorizados, si sabemos concientemente que los relatos del horror no se borrarán jamás de nuestra mente, imaginamos lo que sucederá con quienes sufrieron las torturas más espantosas y fueron sometidos a los más increíbles vejámenes.

Y, sin embargo, son los que tuvieron la suerte al cabo de la noche más cruel y sangrienta que vivió la Argentina en toda su historia: están vivos.

Decía que el horror jamás se borrará de nuestra mente. Y así será, porque los miembros de esta comisión, hemos quedado marcados a fuego luego de haber descendido a un infierno inimaginable.

¿Cómo va a poder borrarse de nuestros pensamientos, el relato desesperado de una mujer del interior de nuestra provincia, cuyo hogar fue asolado a las 3 de la mañana del 20 de julio de 19777?

¿Cómo olvidar que 15 individuos, volteando la puerta de ese hogar a puntapiés, violaron el sueño de un trabajador, de su mujer embarazada de seis meses y de sus pequeñas hijas de 3 y 2 años?

¿Cómo entender que la seguridad de la patria, necesitaba ser resguardada por 15 vándalos que, profanando el uniforme verde oliva del ejército de la patria, arrojaron al obrero contra el suelo, vendaron sus ojos y lo maniataron entre soeces insultos y violentos culatazos?

¿Cómo entender que la seguridad de la patria, necesitaba del salvajismo de golpes en el vientre hinchado de una mujer embarazado a quien, mientras golpeaban, le vociferaban: “te vamos a hacer parir a tu hijo a patadas”?

¿Cómo entender, señor presidente, que la seguridad de la patria, necesitaba que dos criaturas de escasos años, fueran salvajemente golpeadas para alejaras de su padre maniatado? ¿Qué peligroso podían representar para la seguridad de la patria esos dos pequeños seres?

¿Cómo entender, señor presidente, que la seguridad de la patria necesitaba de la amenaza de matar a esas niñas, para silenciar a esa madre que pedía clemencia para sus hijas?

Pero esos hombres que profanaron el uniforme que les dio la patria para defenderla, eran hombres de palabra: al irse, llevándose al obrero, lo hicieron diciéndole a la mujer que nunca más volvería a verlo. Y cumplieron, porque ese trabajador hoy engrosa la larga lista de los secuestrados desaparecidos.

Este relato y la actitud de los vándalos que asolaron la Nación secuestrando, torturando, robando, matando, nos conduce inexorablemente a este interrogante: si los Montoneros y miembros de otras organizaciones terroristas fueron aplastados, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué vida imaginable pueden llevar hoy, en medio de un restaurado orden democrático que los ha dejado sin razón de ser, esas legiones de personas que tienen ya el arma poco menos que incorporada a su propio organismo?

¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué debe hacer con ellos la democracia? ¿Qué hace, qué debe hacer esta sociedad que quiere ser civilizada, para expurgarlos de su seno?.




IV. Consideraciones Generales


Los tristes récords de la barbarie aquí implementada, han traído hacia nosotros los ojos de la humanidad, hasta convertirnos en el espejo brutal de la perversión donde se miraron, azoradas primero y espantadas después, las naciones civilizadas.

En el año 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que había llegado ex profeso a nuestro país, concluyó sus investigaciones manifestando: “... que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos...”.

Casi repentinamente, la expresión derechos humanos, comenzó a ocupar espacios cada vez mayores en la prensa y se dibujaba casi como un susurro en los labios del aún temeroso ciudadano común.

En su expresión más conocida y actual, la violación de los derechos humanos, designa todo lo que los argentinos vimos en algún momento de auge de la brutalidad terrorista, incorporado a lo cotidiano y que el citado informe de la OEA enumeró escrupulosamente.

Comprende las siguientes enunciaciones:

DERECHO A LA VIDA (muertes ilegales, desaparecidos)

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (detenciones indiscriminadas y arbitrarias, limitación del derecho de opción, prolongada permanencia de asilados en embajadas.

DERECHO A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL (torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes).

DERECHO A LA JUSTICIA Y PROCESO REGULAR

DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN, EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y POLÍTICOS

RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y AL ACCIONAR DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.


Sin embargo, la tremenda vigencia que ha cobrado esa llaga viva, que constituye el drama de los millares de argentinos desaparecidos, ha centrado la problemática de los derechos humanos en ese punto. El mundo entero ha adoptado la palabra “desaparecidos”, sin ser traducida a ningún idioma. Se la usa directamente en su versión castellana.

Compartiendo las palabras de Ernesto Sábato, decimos: “La desaparición forzosa de personas, no es una violación más a los derechos humanos, sino una suma de violaciones (a la vida, a la integridad física y psíquica, a la legal defensa, al contacto con los familiares, etc.); por la magnitud de la tragedia que esto conlleva, la desaparición forzada de personas se encuentra en la tenebrosa categoría de crímenes contra la humanidad (lesa humanidad)”.

La tragedia que vivió nuestra patria, ha opacado las tristes memorias de las eras hitlerianas, mussolinianas y stalinianas.

Pese a que nada está más lejos del ánimo de esta Comisión Bicameral, que desconocer la tremenda y terrible dimensión de la tragedia de los desaparecidos, que ha merecido el principal esfuerzo de nuestras investigaciones, resulta importante señalar el extenso campo de acción que abarca la lucha por la defensa de los derechos humanos, avanzando en su visión más restringida, a la que realmente debe estar referida.

En efecto, en un país como el nuestro, donde hace medio siglo padecemos la recurrencia crónica de golpes militares, donde el autoritarismo bloquea la participación creadora del pueblo y le cercena continuamente la posibilidad de expresarse, un país donde pese a estar dotado de una naturaleza de abundancia, que nos ha convertido en pródigos productores de alimentos, mueren de hambre miles de niños y estadísticamente observamos que el consumo de proteínas por habitante, cae de manera alarmante.

Un país que alguna vez atrajo la mirada de la humanidad por la pujanza de sus indicadores económicos, hoy ve caer incesantemente su producto bruto, su ingreso per cápita y ve desmantelarse su capacidad industrial, laboriosa y sacrificadamente construida por varias generaciones.

Un país que se ufana y jacta de tener 30 universidades estatales, según recientes estadísticas, posee también 5.000.000 de analfabetos potenciales, de los cuales 1.000.000 son analfabetos absolutos, mientras la deserción escolar llega a niveles tales, que de cada cien niños que comienzan la escuela primaria, sólo terminan 50 y de éstos apenas 15 completan el ciclo secundario.

Un país donde en el año 1971, tenía posibilidad de acceder a la universidad uno de cada 25 niños que ingresaban a la escuela primaria, llega a 1981 donde sólo uno sobre 250 tendrá esa oportunidad.

Un país donde se había erradicado enfermedades endémicas hace ya varias décadas, hoy las ve resurgir. Es el caso de la tuberculosis, la lepra, la sífilis, el paludismo, las parasitosis endémicas (éstas, son casi 3.000.000 de afectados). Todo este cuadro, haría de decir al doctor René Favaloro, Asesor en Materia de Salud Pública del Ministerio de Planeamiento en 1977, que “... las carencias en materia de salud son aterradoras”.

La Argentina es un país despoblado, donde la crisis económica bloquea su crecimiento demográfico, desalentando el matrimonio y donde el hambre ya golpea las puertas de los hogares, por la caída de sus salarios a niveles alarmantes; donde los jóvenes deambulan desesperados buscando trabajo (ocupándose a veces, por sumas miserables que los mantienen en una profunda indigencia); donde crece la delincuencia en todos los terrenos.

Recurrimos nuevamente a ese extraordinario Documento de Puebla que ya hemos citado y de sus parágrafos 31, 32, 33, 35, 37, 38 y 39, extraemos los siguientes profundos conceptos:

“La situación de extrema pobreza generalizada; adquiere en la vida real, rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela:

– Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos muchas veces explotados, de nuestras ciudades, fruto de pobreza y desorganización moral familiar;

– Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados sobre todo, en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de capacitación y ocupación;

– Rostros de campesinos que, como grupo social, viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan;

– Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo, que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos.

– Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de las riquezas de otros sectores sociales;

– Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no producen”.


Nuestro país ha sido víctima de un renovado auge de doctrinas de fuerte contenido elitista y antipopulares que se han tenido que asentar en modelos autoritarios, para podernos imponer recetas económicas de profundo contenido antihumano, que hacen de las personas simples cifras estadísticas, en aras de un eficientismo traducido en procesos de concentración de la riqueza y el capital, impidiendo el desarrollo del aparato productivo.

Estas filosofías sustentadas en la supremacía coactiva de las ultraminorías para cercenar legítimas conquistas de los pueblos y que a la vez le niegan a éstos, el protagonismo histórico que les asegura la democracia. Estas, así planteadas, son filosofías e ideologías violatorias de los derechos humanos.

¿Acaso una sociedad indiferente al hambre, la miseria, a la mortalidad infantil, el analfabetismo, al atraso cultural y sanitario, a la actividad de los mercaderes del vicio (de la droga, la prostitución, la pornografía, etc.), no conduce inevitablemente a la violencia y al atropello de los derechos humanos más elementales?

Los obispos argentinos, en 1983, en un documento titulado “Dios, el Hombre y la Conciencia”, afirmaban: “no hay Paz sin Verdad; hay falsa Paz si se la funda sobre la falsedad y la mentira. Tampoco la hay sin justicia, pues la injusticia genera indefectiblemente la violencia”.

A estas palabras podríamos agregar la sentencia de Paulo VI en la Encíclica Populorum Progressio: “Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al Cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana”.

Señores legisladores: el saldo que nos dejó el “proceso”, habla a las claras de la injusticia de un régimen que violó los derechos humanos en su globalidad. Se conculcaron las Libertades Públicas y los Derechos Constitucionales, aniquilando todo vestigio de democracia.

Cuánta verdad existe en las palabras claras y firmes de Esteban Echeverría, cuando decía: “No hay libertad donde el hombre pueda ser vejado e insultado por los sicarios del poder arbitrario...” “... no hay libertad donde al hombre se le puede turbar en su hogar, arrancarlo del seno de su familia y desterrarlo fuera de su Patria...” “... no hay libertad donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho del mandatario...”.

Nunca la violencia puede responderse con más violencia, so riesgo de caer en una espiral incontrolada, tal como se ha verificado en nuestro caso. Hemos dicho ya, que estos flagelos reconocen como causa, la injusticia y la marginilidad y afirmamos que el único modo de combatirlos, es ejercitando nuestros derechos a través de la Justicia.

Traemos a colación, en este sentido, el ejemplo de Italia, donde dentro del más puro concepto legal no sólo se derrotó a las Brigadas Rojas, sino que sus líderes encarcelados han abjurado de sus exóticas y peregrinas ideas y colaboraron para erradicarlas.

Cuando se produjo el secuestro de Aldo Moro, el señor general Della Chiesa, a la sazón jefe de la policía italiana, no permitió la tortura de los detenidos y dijo entonces aquella célebre frase: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura”. España es otro ejemplo. A la violencia de la ETA no se responde con el terrorismo del Estado, sino con la fuerza de la ley.

La Justicia puede sancionar pero cumple también una función purificadora. ¿Cómo es posible identificar la conducta de los equivocados con la conducta de la nacionalidad que decían representar?. La Patria no tortura, la Patria no asesina y en su nombre nadie debe torturar ni asesinar. Es mucho más lamentable y peligroso que refugiarse en los montes para cometer delitos, refugiarse en las instituciones que son pilares de la nacionalidad.

Por otro lado, mucho debemos agradecer la intervención y la solidaridad internacional , notable factor de moderación y freno cuando el horror de la masacre logró filtrar el silencio blindado de los primeros años de la dictadura y la opinión pública pudo acceder al conocimiento de los estremecedores hechos que estaban ocurriendo en nuestra Patria.

Así como hoy expresamos nuestro reconocimiento a la preocupación de muchos gobiernos del mundo por la suerte corrida por las víctimas del atropello, así también no podemos dejar de mencionar la actitud negativa adoptada por la Unión Soviética y países de su esfera de influencia, que bloquearon repetidamente en las Naciones Unidas la iniciativa de los organismos internacionales de derechos humanos, tendientes a obtener una condena a las violaciones de la dignidad del hombre por parte de la dictadura argentina.

La Unión Soviética, en sus programas de radiodifusión destinados a América Latina, omitió sistemáticamente toda mención a la tragedia en que estábamos sumidos.

Con respecto a la Iglesia, su Santidad Juan Pablo II, en varias ocasiones resaltó el drama de los desaparecidos en la Argentina y se solidarizó públicamente con el dolor de los familiares de aquellos. Igual actitud tuvo el órgano periodístico oficial de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, en reiteradas ocasiones, llegó incluso a descalificare duramente en una oportunidad a uno de los más connotados personeros de la barbarie. En nuestro país hubo sacerdotes que concurrieron en defensa de las víctimas del genocidio y en asistencia de sus familiares.

Si bien es cierto que entre los miembros de la jerarquía eclesiástica hubo quienes tuvieron valientes posiciones de denuncia permanente y oposición a las violaciones de los derechos humanos, también hubo quienes apartándose de la Doctrina de Cristo, guardaron silencio para con las aberraciones del régimen.

Hubo obispos como los monseñores Novak, Angelelli, De León, De Nevares, Zaspe y Hessayne, entre otros, dignos pastores de su pueblo que se hicieron eco de la Parábola del Viñador: “Seremos sarmientos fecundos si nuestra inserción en la vid es firme y probada”. Los que no se inserten a la vid conforme la parábola, que la Historia y Dios los juzguen.

No podemos terminar esta breve reflexión sobre la Iglesia sin hacer alusión a su propia cuota de sangre en ese período, ya que nadie ignora que suman varias decenas los sacerdotes, monjas, seminaristas y laicos inmolados por el terror represivo.

El asesinato de monseñor Angelelli, Obispo de La Rioja, de monseñor León, Obispo de San Nicolás, que nos llenaron de especial espanto y repulsión, obliga a un reconocimiento ciudadano por su constante accionar contra los crímenes de la represión, a la que enfrentaron llevando como única arma su axioma: “Un oído puesto en el Evangelio y otro en el Pueblo”.

Otro sacerdote, el reverendo Carlos Muría, integrante también de ese noble pueblo riojano, 3 horas antes de ser secuestrado, dijo en el sermón de la misa que oficiaba en esos momentos: “Podrán hacer callar la voz del Obispo y podrán hacer callar la voz de Carlos Muría, pero no podrán acallar el Evangelio, que es la Voz de Jesús”.

Debemos recordar especialmente dos sucesos que causaron honda conmoción en la opinión pública nacional e internacional: el crimen de los seis seminaristas y dos sacerdotes palotinos, y el secuestro y desaparición de dos monjas francesas.

Aquí, en Tucumán, el sacerdote Isidoro de Bassols, a la sazón párroco de la iglesia Del Sagrado Corazón, acogió y protegió a un numeroso grupo de padres, madres y familiares de las víctimas de la represión y cuando en vísperas de la Navidad de 1978, integrantes de ese grupo fueron detenidos para que no pudiesen concurrir a una misa por sus seres desaparecidos, el mismo cura en persona los asistió en la Brigada Femenina de la Policía, donde fueron alojados durante tres días.

La Asamblea Nacional de Francia, en 1789, al declamar sobre “Los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, expresaba: “... la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos”.

Pero antes, mucho antes de la Revolución Francesa, allá en los orígenes mismos de la Humanidad, Dios, Supremo Legislador, custodiaba celosamente la obra de su creación, haciendo al Hombre a Su imagen y semejanza, reclamando luego por la voz de los profetas contra la malversación de los valores, contra la inconducta fraterna, contra la explotación.

Por eso, señores legisladores, los que han sometido a nuestra sociedad a los horrores brutales de la violencia, de las torturas y de la muerte misma, cualquiera sea su signo ideológico, han atentado contra Dios, Nuestro Creador. Ignoraban las palabras de Cristo: “No temáis a los que matan el cuerpo y en seguida no pueden hacer nada más”.

Frente a esa pesadilla espantosa, cabe preguntarnos: ¿por dónde entró tanto odio en los corazones?; ¿cómo anidó en los hombres el odio irracional, el sadismo, la técnica infernal de la tortura física y mental?. Tal vez sólo los mayores felones de la historia universal, puedan explicarse si es necesario para la “paz” y la “seguridad” de la Patria, entregar a una aterrorizada madre el cadáver masacrado de su hijo de 17 años, con los testículos colocados en la boca, como ocurrió aquí en Tucumán.

También tendríamos que preguntarnos si para imponernos una filosofía extraña a nuestro sentir y a nuestro ser, se justificaba cualesquiera de los crímenes y aberraciones que se cometieron.

Este es un tiempo de valoración y nadie sostiene ni podrá sostener que el terrorismo ofrece una respuesta a los grandes temas nacionales o que la metodología de la lucha era legítima, pero sí vamos a afirmar que tenemos una Constitución y que en defensa de la Ley Suprema no admitimos jamás que nadie la use como escudo o razón para incurrir en actos delictivos, porque estos cercenan o aniquilan el espíritu de su contenido.

AL terrorismo, cualquiera fuera su signo, de derecha o de izquierda, al igual que el ejemplo que hemos mencionado: de Italia y España, debemos abatirlo hasta sus últimas consecuencias dentro de lo que nos norma la ley, porque de lo contrario caeremos en lo que ellos quieren, o sea, que se usen sus propias y aberrantes metodologías.

Al retorno a la democracia nos encontramos con un país destruido y asolado humana y materialmente, al que es preciso reconstruir perentoriamente con el esfuerzo de todos. Pero sabemos que ninguna Nación se reconstruye sobre el odio, el rencor y, menos, la venganza.

Por eso, señores legisladores, creemos que lo vital y urgente es la reconciliación de esta sociedad, que ostenta hondas heridas en su tejido social, a las que es preciso curar adecuadamente para cerrarlas – mediante la Verdad y la Justicia – y que el tiempo las deje cicatrizar.

Lo que no podemos hacer, aunque quisiéramos, es hablar de reconciliación cuando las heridas aún permanecen abiertas. Y no podemos cerrar definitivamente este capítulo trágico de la violencia, mientras sigan resonando en la conciencia de la Nación los ecos de las voces de los desaparecidos que reclaman justicia, la de los niños que claman por ver a sus padres, las de esas madres que unieron sus dolores y soledades en un esfuerzo abnegado y silencioso y que también tienen sus propias víctimas.

Mientras no se acallen las letanías de las cárceles ilegales, donde sólo Dios sabe qué tormentos soportaron sus prisioneros; mientras perdure el resonar de las puertas derribadas en los nocturnos operativos perpetrados por los encapuchados, personeros de la muerte, que ocultaban cobardemente sus rostros para profanar la paz de los hogares.

Tenemos, entonces, que resolver necesidades mediatas e inmediatas. Las inmediatas ya están en manos de la Justicia, la que ha recibido así el desafío de la historia de llegar al meollo del asunto en cada una de las causas que le hemos entregado y dictar lo que a derecho corresponda, reparando así el daño causado.

Por eso, señores legisladores, es necesario que sigamos bregando por una justicia independiente de los poderes de turno. Ello será el mejor reaseguro para la democracia. ¿Cómo avanzar en ese camino?. Designando jueces que sean garantía de probidad, capacidad y de respeto de sus conciudadanos. No interesa ni debe interesar su bandería política porque si goza del respeto de la ciudadanía, es porque ha hecho méritos para acceder a la magistratura.

Las necesidades mediata, radican en unir los esfuerzos de todos los argentinos para construir una sociedad justa, igualitaria y pluralista, con un hondo contenido de justicia social.

Removiendo las causa de las injusticias, del atraso, de la dependencia, habremos eliminado los focos de cultivo donde generalmente se desarrolla el germen de la violencia.

Todo lo pasado habrá sido en vano si no avanzamos con obras y hechos para erradicar las ideologías que se basan en el empleo de la violencia y que son las únicas beneficiarias en toda situación de caos, por lo que siempre tienden a crearlo con prédicas confucionistas y hechos anónimos y aberrantes.

Señores legisladores: anhelamos un país donde exista el más amplio pluralismo ideológico y político, donde cada cual pueda expresar libremente sus ideas y luchar, siempre en el marco estricto de la legalidad, para hacer realidad el modelo de Nación que desea.

Previo a finalizar este informe, corresponde rendir un justiciero homenaje a ese grupo de mujeres pertinaces y fuertes, que ya están en la contemplación y admiración de todos los observadores del mundo y que llevan el nombre de “Madres de Plaza de Mayo”.

Esas heroicas mujeres, son el símbolo vivo de la resistencia a la atroz dictadura y de una lucha decidida por la Vida y por la Libertad.

En este sencillo homenaje que rendimos a estas madres, sintetizamos el que se merecen todas las organizaciones que con verdadero coraje civil y sólo llevado en sus manos las leyes y la Constitución de la Nación, bregaron y lucharon en desigual porfía en defensa de los derechos humanos.

Señores legisladores: La Comisión Bicameral ha tenido por mandato, la delicada misión de bucear en una historia infernal e incomprensible. El horror, el miedo y la vergüenza llegaron a debilitar las luces de la razón y a someter los brazos de nuestra voluntad. Que la Justicia cuarteada por la Ley, ponga en senderos de paz tan amargos frutos de nuestro pasado. Pero la Paz ha de ser fruto de la Justicia. Nunca el olvido engendró hijos sanos y robustos, porque el olvido no está en el orden de la Verdad, es más bien un subterfugio de la mentira.


Honorable Legislatura:

Que los altos Tribunales de la Justicia se hagan merecedores de aquella seguridad y ecuanimidad de la sentencia del Apocalipsis: “...cuando el mar entregue los muertos que había en él y la muerte y el infierno nos entreguen a los muertos que tenían adentro y se dé a cada uno la sentencia según sus obras, recién quedarán fuera los perros y los hechiceros, los deshonestos y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira”.

Y de esa manera, señores, se salve la prosapia de San Martín y la descendencia de los hombres de sangre generosa, porque sólo así será posible y permanente el reinado de la vida.


Fdo.:

Dr. ALEJANDRO SANGENIS
Diputado Provincial
Presidente Comisión Bicameral

Dr. CARLOS MESCHWUITZ
Senador Provincial
Vice-Presidente Comisión Bicameral

ARTURO SASSI
Diputado Provincial
Secretario Comisión Bicameral

Dr. ARMANDO BAUNALY
Senador Provincial
Comisión Bicameral.